NUEVA YORK. Letitia James, fiscal general de Nueva York y responsable de la demanda civil por fraude que llevó a juicio a Donald Trump, asumirá como fiscal especial la investigación de una presunta violación grupal ocurrida en 2024 en una fraternidad de la Universidad de Cornell.
La gobernadora Kathy Hochul decidió apartar a la fiscalía del condado de Tompkins después de la aparición de nueva información que puso en cuestión la manera en que fueron manejadas originalmente las acusaciones.
El caso involucra a una estudiante que tenía 20 años cuando denunció haber sido agredida sexualmente por varios integrantes de la fraternidad Chi Phi.
La joven sostiene en una demanda civil presentada recientemente que fue intoxicada con alcohol y drogas y posteriormente sometida a actos sexuales por varios hombres cuando se encontraba parcial o totalmente incapacitada para consentir.
Siete antiguos miembros de la fraternidad figuran como demandados, además de Cornell, Chi Phi y otras entidades.
Los señalados no han sido acusados penalmente y abogados de algunos de ellos han rechazado las acusaciones.
La controversia aumentó después de conocerse documentos sobre la investigación realizada en 2024.
La estudiante habló durante horas con agentes de la Policía de Cornell y manifestó explícitamente que consideraba haber sido violada. Sin embargo, esas afirmaciones no aparecieron con la misma claridad en la declaración formal que posteriormente recibió la fiscalía.
El fiscal del condado, Matthew Van Houten, cerró entonces el caso sin presentar cargos.
Tampoco entrevistó directamente a la denunciante ni a otros participantes antes de tomar esa decisión.
La reciente publicación de documentos internos y la demanda civil provocaron que Van Houten reabriera la investigación y anunciara que llevaría las evidencias ante un gran jurado.
Hochul decidió ir más lejos.
La gobernadora afirmó haber perdido la confianza en la capacidad de la fiscalía local para conducir el proceso y entregó el expediente directamente a Letitia James.
James tendrá ahora autoridad para revisar las pruebas, entrevistar testigos, presentar el caso ante un gran jurado y formular cargos criminales si concluye que existen fundamentos suficientes.
Cornell realizó en su momento una investigación administrativa independiente de la investigación penal. Como resultado, impuso sanciones que incluyeron suspensiones y expulsiones y cerró el capítulo de Chi Phi en el campus.
La universidad ha anunciado ahora que respalda una revisión externa e independiente de su propia actuación.
James llega al caso con un perfil nacional.
En 2022 demandó a Donald Trump, sus empresas y varios de sus familiares por fraude financiero. El proceso terminó con una declaración de responsabilidad por fraude, aunque una corte de apelaciones anuló posteriormente la sanción económica de aproximadamente 454 millones de dólares por considerarla excesiva.
Ahora tendrá delante un expediente completamente diferente.
Y una pregunta mucho más incómoda para Cornell y las autoridades locales: cómo una joven pudo denunciar una presunta violación grupal ante la Policía y el caso terminar cerrado sin que el fiscal siquiera la entrevistara.
