La medida busca preservar bienes para una eventual reparación a las víctimas y no constituye una condena anticipada
Santo Domingo. La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó el embargo por hasta RD$500 millones contra Antonio y Maribel Espaillat dentro del proceso por el colapso del techo de la discoteca Jet Set.
La tragedia, ocurrida el 8 de abril de 2025, dejó 236 muertos y más de 80 heridos.
La decisión mantiene vigentes el embargo conservatorio, el embargo retentivo y la hipoteca judicial provisional sobre bienes y activos vinculados a los imputados y otras partes civilmente demandadas.
Pero hay una precisión importante.
Los RD$500 millones no son una indemnización ni una condena contra los hermanos Espaillat.
La Corte estableció que se trata de una medida cautelar destinada a preservar patrimonio suficiente para responder ante una eventual reparación a las víctimas si finalmente existe una decisión judicial que así lo determine.
El tribunal rechazó el recurso presentado por la defensa, que buscaba levantar las medidas y sustituirlas por una fianza equivalente emitida por una compañía aseguradora.
Los abogados argumentaban además que, debido a la gran cantidad de víctimas constituidas en el proceso, diferentes embargos podían terminar multiplicando la afectación patrimonial más allá de los RD$500 millones.
La Corte no acogió ese razonamiento.
Los jueces determinaron que el límite fijado por el tribunal de primera instancia es precisamente RD$500 millones y que las medidas ejecutadas no pueden superar conjuntamente esa cantidad.
También señalaron que existen mecanismos legales para reducir o cancelar cualquier embargo que eventualmente exceda el monto autorizado.
Las medidas habían sido ordenadas el pasado 15 de junio por el juez Raymundo Mejía al disponer la apertura a juicio contra Antonio y Maribel Espaillat.
Ambos enfrentan acusaciones por presunto homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias derivados del desplome del techo del establecimiento.
El juicio de fondo ya comenzó.
Mientras se determina la responsabilidad penal, una parte importante del patrimonio permanece inmovilizada.
No porque haya condena.
Precisamente para que, si llega, todavía exista con qué responder.
