La reforma elimina el límite de 100 empleados para negocios privados, permite recibir inversión extranjera directamente y amplía un mercado que durante décadas estuvo reservado casi por completo al Estado
La Habana. Cuba acaba de abrir una puerta que mantuvo cerrada durante décadas.
A partir del 9 de septiembre, los cubanos que viven fuera de la isla podrán convertirse legalmente en propietarios o socios de empresas privadas dentro del país.
La reforma modifica las reglas que impedían a los emigrados participar directamente en micro, pequeñas y medianas empresas cubanas.
Y va bastante más lejos.
Las compañías privadas dejarán de tener un límite máximo de 100 trabajadores, podrán participar directamente en operaciones de comercio exterior y estarán autorizadas a recibir inversión extranjera sin tener que utilizar obligatoriamente una empresa estatal como intermediaria.
También se amplía el número de actividades económicas abiertas al sector privado y se flexibiliza la posibilidad de que trabajadores por cuenta propia participen simultáneamente en empresas y cooperativas.
El cambio forma parte de un paquete de 176 reformas económicas anunciado por el Gobierno de Miguel Díaz-Canel en medio de una de las peores crisis que ha atravesado la isla desde 1959.
Cuba enfrenta apagones prolongados, escasez de combustible, elevada inflación, deterioro de su producción y nuevas sanciones estadounidenses.
Necesita capital.
Y buena parte de ese capital está precisamente fuera de Cuba.
Millones de cubanos emigrados poseen dinero, empresas, experiencia y conexiones comerciales que hasta ahora podían utilizar en casi cualquier país menos directamente en el suyo.
La reforma intenta cambiar eso.
Pero permitir invertir no significa necesariamente conseguir inversionistas.
Economistas advierten que persisten problemas fundamentales: falta de seguridad jurídica, ausencia de una justicia independiente, dificultades para mover dinero por las sanciones estadounidenses y una economía doméstica con muy poco poder adquisitivo.
La pregunta es elemental.
¿Quién comprará lo que produzcan esas empresas?
¿De dónde saldrá el financiamiento?
¿Y qué garantías existen de que el Gobierno no cambie nuevamente las reglas?
Díaz-Canel insiste en que la expansión del sector privado no representa un abandono del socialismo.
Pero las nuevas normas hacen algo que hace apenas unos años habría resultado políticamente impensable.
Más empresas privadas.
Más inversión extranjera.
Más autonomía.
Y ahora también capital de los cubanos que se fueron.
Cuba no está abandonando oficialmente su modelo.
Pero la crisis la está obligando a permitir cada vez más cosas que ese modelo pasó décadas prohibiendo.
