Santo Domingo. A tres años de la promulgación de la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), organizaciones de la sociedad civil denunciaron que gran parte de sus disposiciones continúan sin ejecutarse, dejando a miles de familias dominicanas sin las garantías prometidas por la legislación.
La Mesa de Diálogo por el Autismo afirmó que, pese a que la ley fue promulgada en junio de 2023 y reglamentada mediante el Decreto 403-24 en julio de 2024, siguen pendientes aspectos fundamentales para su implementación efectiva. Entre ellos señalan la falta de una asignación presupuestaria específica, la ausencia de un registro nacional actualizado de personas con autismo y la insuficiencia de programas especializados de atención y formación profesional.
Las organizaciones advierten que las familias continúan enfrentando elevados costos en diagnósticos, terapias, consultas médicas y educación especializada, mientras los servicios públicos disponibles siguen siendo insuficientes para responder a la demanda existente.
Uno de los puntos más preocupantes señalados por los activistas es la falta de recursos humanos especializados. Según denunciaron, el país cuenta con una cantidad muy limitada de psiquiatras infantiles y otros profesionales capacitados para atender adecuadamente a niños y adolescentes dentro del espectro autista.
La situación ha generado cuestionamientos sobre el ritmo de ejecución de una ley considerada histórica para miles de familias dominicanas. Ya en años anteriores distintas instituciones, incluido el Defensor del Pueblo, habían advertido que la ausencia de reglamentos y mecanismos de aplicación estaba retrasando los beneficios contemplados en la normativa.
El Gobierno ha dado algunos pasos en esa dirección. Además de emitir el reglamento de aplicación en 2024, ha impulsado programas como Senasa Integra y ha reiterado públicamente su compromiso con la ejecución gradual de la ley. Sin embargo, organizaciones vinculadas al autismo sostienen que los avances todavía están lejos de cumplir las expectativas generadas por la legislación.
El debate va más allá de una discusión administrativa.
Porque detrás de cada artículo que permanece sin ejecutarse hay una familia pagando terapias imposibles, un niño esperando atención especializada o una escuela que aún no cuenta con las herramientas necesarias para garantizar una verdadera inclusión.
Las leyes pueden aprobarse en un día.
Convertirlas en realidad suele tomar mucho más tiempo.
Y para miles de familias dominicanas, la espera continúa.
