Un año después de la tragedia del Jet Set, la Iglesia Católica dijo en voz alta lo que buena parte del país viene sintiendo en silencio: sin justicia no habrá sanación. En la eucaristía oficiada por el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán sostuvo que para iniciar un verdadero proceso de reparación los responsables deben responder por la negligencia de sus actos.
La frase no fue solo pastoral. Fue política en el sentido más profundo de la palabra. Morel Diplán pidió una investigación pormenorizada, que se asuman responsabilidades y que se tomen decisiones que permitan cerrar este capítulo con verdad y consecuencias, advirtiendo además que dilatar el proceso solo genera más incertidumbre y desconfianza en la justicia.
Eso es lo que vuelve tan importante su intervención. No habló únicamente del dolor. Habló del sistema. Dijo que actuar apegados a la ley le haría bien a la sociedad y al propio sistema judicial. En otras palabras: el caso Jet Set ya no es solo una tragedia privada. Es una prueba pública.
Y esa prueba no se juega solo en los tribunales. Se juega en la credibilidad institucional de un país donde demasiadas veces las grandes desgracias producen llanto, titulares y homenajes, pero no siempre consecuencias proporcionales. Cuando un arzobispo tiene que recordar que la justicia no debe retrasarse, lo que queda expuesto no es solo el dolor de las víctimas. Es la fragilidad de la confianza nacional en sus instituciones.
Desde una mirada socialdemócrata, ahí está el centro del problema. La justicia no es un acto ornamental para consolar a los deudos. Es una obligación del Estado para proteger a la sociedad. Porque cuando una tragedia de esta magnitud no encuentra respuesta clara, rápida y firme, el mensaje que se envía es devastador: que la vida puede perderse en masa y aun así el sistema moverse con una lentitud exasperante. Esa pedagogía de la impunidad también destruye país.
Morel Diplán habló de cicatrices profundas en las familias y de la indignación provocada por el alcance de la tragedia. También reconoció el peso emocional de regresar al lugar donde ocurrió todo, al que describió como un sitio doloroso pero sagrado para quienes cargan con esa memoria. El lenguaje religioso, en este caso, no suavizó el fondo. Lo endureció. Porque convirtió el espacio del desastre en un recordatorio moral permanente de que aquí no basta con rezar por los muertos. Hay que responder por ellos.
La actividad también reunió a familiares, autoridades religiosas y figuras públicas, entre ellas la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, y el actor Eduardo Verástegui, quien incluso propuso que el lugar sea convertido en una capilla memorial y ofreció una donación inicial de 100 mil dólares para ello. El gesto podrá parecer noble, pero también deja una pregunta incómoda: ¿qué necesita primero este país, un santuario o una sentencia?
Ambas cosas pueden coexistir. Memoria y justicia no son enemigas. Pero el orden importa.
La memoria honra.
La justicia repara.
Y sin reparación, la memoria corre el riesgo de convertirse en decoración del dolor.
El caso Jet Set sigue siendo una herida abierta porque la magnitud de la pérdida no admite escapatoria retórica. Las familias no necesitan solo palabras de consuelo, ni ceremonias impecables, ni promesas vagas de investigación. Necesitan ver que el Estado entiende la gravedad de lo ocurrido y actúa en consecuencia.
Monseñor Morel Diplán lo resumió mejor que muchos funcionarios: para que haya sanación, debe imperar la justicia.
Lo demás, por duro que suene, sería administrar el duelo sin corregir la causa.
