Santo Domingo. La Cámara de Diputados aprobó de urgencia y en dos lecturas consecutivas las modificaciones a la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, introduciendo cambios en las contribuciones que deberán pagar las empresas y devolviendo el proyecto al Senado para su aprobación definitiva.
Entre las principales modificaciones figura una reducción de los montos que inicialmente había aprobado el Senado para las empresas de mayores ingresos, así como la creación de nuevas categorías de aportes según el nivel de facturación anual. También se estableció que la contribución será deducible del impuesto sobre la renta y podrá pagarse en dos cuotas semestrales.
La discusión ha estado dominada por una pregunta: ¿cuánto deben pagar las empresas?
Pero esa no es la pregunta más importante.
La verdadera cuestión es si esos recursos servirán para resolver uno de los problemas ambientales más graves del país o terminarán convirtiéndose en otra carga tributaria sin resultados visibles.
República Dominicana sigue conviviendo con vertederos a cielo abierto, sistemas de reciclaje insuficientes y una gestión de residuos que continúa muy por detrás del crecimiento urbano. Resolver ese problema exige inversiones importantes y sostenidas.
Por eso resulta razonable que quienes generan mayor actividad económica contribuyan al financiamiento del sistema.
Lo que no sería razonable es recaudar más sin mejorar la gestión.
La confianza de los sectores productivos dependerá de que esos fondos se traduzcan en rellenos sanitarios modernos, mayor capacidad de reciclaje, mejor disposición final de los residuos y una reducción efectiva de los vertederos improvisados.
De lo contrario, la reforma corre el riesgo de ser percibida únicamente como un nuevo costo para producir en República Dominicana.
También deja una lección política.
Las reformas complejas no pueden construirse únicamente con procedimientos de urgencia. Mientras mayor sea el impacto económico de una ley, mayor debe ser el nivel de diálogo con los sectores involucrados. La rapidez puede resolver un calendario legislativo, pero difícilmente sustituye el consenso.
Ahora la iniciativa regresa al Senado.
Allí se decidirá si las modificaciones introducidas por los diputados se convierten en el texto definitivo de una ley que puede marcar un antes y un después en la gestión ambiental del país.
Porque el problema de la basura ya no consiste únicamente en recogerla.
Consiste en demostrar que el dinero recaudado será capaz de convertir un viejo problema nacional en una verdadera política pública.
