Santo Domingo. La Plaza de la Bandera volvió a convertirse en escenario de protesta ciudadana. Diversos colectivos y ciudadanos se concentraron para expresar su rechazo a disposiciones del nuevo Código Penal que consideran una amenaza para la libertad de expresión y otros derechos fundamentales, reviviendo un espacio que desde 2020 se ha convertido en símbolo de movilización cívica en República Dominicana.
La imagen tiene una carga política que trasciende la protesta de un día.
La Plaza de la Bandera dejó hace tiempo de ser solo un monumento patrio. Desde las manifestaciones de 2020 pasó a representar un lugar donde una parte de la sociedad entiende que puede interpelar directamente al poder cuando siente que las instituciones no bastan.
Eso no significa que toda protesta tenga razón.
Significa algo más importante.
Que una democracia necesita espacios donde el desacuerdo pueda expresarse de manera pacífica.
La fortaleza de un sistema democrático no se mide por la ausencia de manifestaciones. Se mide por su capacidad para permitirlas, escucharlas y responder mediante las instituciones, no mediante la confrontación.
El debate alrededor del Código Penal ilustra precisamente ese desafío.
Hay quienes consideran que las disposiciones cuestionadas protegen derechos fundamentales como el honor y la reputación. Otros advierten que podrían limitar la libertad de prensa y el derecho a la crítica. En una sociedad democrática, ambas preocupaciones merecen ser discutidas sin convertir al adversario en enemigo.
La Plaza de la Bandera recuerda otra lección.
Las instituciones son indispensables.
Pero la ciudadanía también.
Cuando los ciudadanos participan, protestan y exigen explicaciones dentro del marco de la ley, fortalecen el control democrático sobre el poder. Cuando el Estado garantiza ese derecho y responde mediante el diálogo institucional, también fortalece la democracia.
Por eso el verdadero desafío no consiste en evitar las protestas.
Consiste en que no sean el único camino para que una preocupación ciudadana llegue a ser escuchada.
Porque una democracia sana necesita parlamentos que legislen, tribunales que decidan y gobiernos que gobiernen.
Pero también necesita ciudadanos que, cuando lo consideran necesario, recuerden al poder que la soberanía nunca deja de pertenecerles.
