A pesar del alto volumen de denuncias por violencia de género, intrafamiliar, doméstica y delitos sexuales en República Dominicana, solo una parte termina en medidas formales de protección para las víctimas. Un informe presentado con motivo del Día Internacional de la Mujer advierte que el sistema sigue teniendo una brecha crítica entre denunciar y recibir protección efectiva.
El estudio indica que entre 2016 y 2025 se registró un promedio anual de 73,887 denuncias por estos delitos. Sin embargo, en ese mismo período se emitieron alrededor de 21,501 órdenes de protección por año. El resultado es contundente: apenas el 29% de las denuncias genera una orden, es decir, solo 3 de cada 10 casos produce una medida formal de resguardo.
El documento destaca que las órdenes de protección son un mecanismo clave para evitar escaladas de violencia, prevenir agresiones posteriores y reducir el riesgo de feminicidios. Cuando no se emiten, la víctima queda expuesta a la repetición del ciclo: amenazas, persecución, agresión física y, en los casos extremos, asesinato.
El análisis también muestra una variación por etapas. Entre 2015 y 2017 hubo una ligera reducción en denuncias, con cifras todavía por encima de 65,000 casos anuales. Entre 2018 y 2021 se produjo un aumento notable, con un pico en 2019. En 2020 las denuncias bajaron, pero el informe interpreta ese descenso como posible subregistro por la pandemia, más que como una disminución real de la violencia. Desde 2022 hasta 2025 se observa una reducción en denuncias, mientras las órdenes de protección alcanzan sus niveles más altos.
En el capítulo de feminicidios, el informe señala que desde 2016 hasta septiembre de 2025 murieron 736 mujeres víctimas de violencia de género. El año con mayor número fue 2017, con 107 casos, y el más bajo fue 2022, con 63. Para 2025, hasta mediados de noviembre, se habían contabilizado 49 feminicidios.
Las demarcaciones con mayor número de feminicidios fueron Santo Domingo Este, el Distrito Nacional y San Cristóbal. Los meses con más registros fueron marzo y junio, y la mayoría de las víctimas tenía entre 26 y 40 años. Entre los medios más frecuentes para cometer estos crímenes figuran las armas blancas y las armas de fuego.
La conclusión del informe es clara: mientras la denuncia siga siendo mucho más común que la protección, el sistema seguirá fallando en su función principal, que no es solo registrar casos, sino impedir que terminen en tragedia.
