Washington impuso por primera vez sanciones contra la CPI como institución y amenaza con afectar también a empresas y personas que colaboren con el tribunal.
WASHINGTON. Estados Unidos impuso sanciones económicas contra la Corte Penal Internacional, elevando a un nuevo nivel la confrontación entre la administración de Donald Trump y el tribunal encargado de investigar algunos de los crímenes más graves cometidos en el mundo.
Hasta ahora, Washington había concentrado sus medidas en jueces, fiscales y funcionarios individuales.
Esta vez el objetivo es la institución completa.
Las sanciones buscan limitar el acceso de la CPI al sistema financiero estadounidense y pueden afectar a bancos, proveedores tecnológicos, empresas de servicios y otras organizaciones que mantengan relaciones comerciales con el tribunal.
Estados Unidos otorgó un período de seis meses para que compañías e instituciones adapten sus operaciones antes de la aplicación plena de las restricciones.
La administración Trump sostiene que la Corte pretende ejercer una jurisdicción ilegítima sobre ciudadanos estadounidenses y aliados de Washington.
Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma, tratado mediante el cual fue creado el tribunal.
El secretario de Estado, Marco Rubio, acusa a la CPI de exceder sus competencias y ha pedido a los países aliados que forman parte de la institución que impulsen reformas profundas en su funcionamiento.
Buena parte del enfrentamiento actual está relacionada con las investigaciones del tribunal sobre la guerra en Gaza.
La CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y otros dirigentes por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Washington rechaza esas órdenes y sostiene que el tribunal carece de jurisdicción sobre Israel.
La CPI también mantiene investigaciones relacionadas con Ucrania, Sudán, Venezuela, Myanmar, Filipinas y otras situaciones internacionales.
El tribunal cuenta con 125 Estados miembros y fue creado para procesar genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes de agresión cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren hacerlo.
La institución rechazó las sanciones y las calificó como un intento de obstaculizar el curso de la justicia.
También pidió a sus Estados miembros garantizar que pueda continuar operando pese a las restricciones financieras.
El Fondo Fiduciario para las Víctimas advirtió que las medidas podrían afectar programas de reparación y asistencia destinados a personas que han sufrido asesinatos, tortura, violencia sexual, persecución y otros crímenes.
La Unión Europea y varios gobiernos europeos expresaron respaldo al tribunal y cuestionaron las medidas estadounidenses.
La confrontación llega después de que Estados Unidos sancionara durante los últimos meses a numerosos funcionarios de la CPI.
En agosto, nueve de los 18 jueces del tribunal, sus dos fiscales adjuntos, un antiguo fiscal y otro miembro de su personal se encontraban ya bajo sanciones estadounidenses.
Ahora Washington ha dado un paso considerablemente mayor.
Ya no intenta presionar solamente a quienes toman determinadas decisiones dentro de la Corte Penal Internacional.
Intenta presionar a la Corte misma.
