La Guardia Nacional permanece desplegada en la capital estadounidense doce meses después de una decisión que el Gobierno justificó por la criminalidad y que sus críticos consideran una militarización de la ciudad
Washington. Hace un año Donald Trump envió la Guardia Nacional a Washington para combatir lo que describió como una emergencia de seguridad pública.
Los soldados siguen allí.
El despliegue militar, que inicialmente fue presentado como una respuesta extraordinaria contra la delincuencia, se ha convertido en parte permanente del paisaje de la capital estadounidense.
Militares uniformados patrullan estaciones de metro, monumentos, parques y otros espacios públicos mientras colaboran con distintas agencias federales.
La presencia continúa generando rechazo entre residentes y autoridades locales, que cuestionan la necesidad de mantener tropas en las calles cuando los indicadores de criminalidad ya mostraban una reducción antes del despliegue.
La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, ha mantenido una relación complicada con la operación.
Aunque inicialmente cuestionó la intervención federal, posteriormente reconoció que el aumento de efectivos contribuyó a reducir determinados delitos. Eso no ha eliminado sus diferencias con la Casa Blanca sobre la permanencia de los militares.
Trump defiende exactamente lo contrario.
El presidente presenta la caída de la criminalidad como prueba de que su estrategia funciona y sostiene que retirar ahora a la Guardia Nacional pondría en riesgo esos avances.
El problema es también constitucional y político.
Washington no funciona como cualquiera de los 50 estados. Su condición de distrito federal concede al presidente una capacidad mucho mayor para controlar el despliegue de su Guardia Nacional.
Esa particularidad permitió a Trump actuar sin necesitar la autorización de un gobernador.
La experiencia de Washington terminó convirtiéndose además en modelo para una política más amplia.
La Administración ha recurrido o intentado recurrir a fuerzas militares y federales en otras ciudades gobernadas por demócratas, especialmente para operaciones relacionadas con seguridad e inmigración.
Para sus partidarios, es una demostración de autoridad frente al crimen.
Para sus críticos, normaliza algo que Estados Unidos históricamente ha observado con enorme cautela: militares realizando funciones en las calles de sus propias ciudades.
Washington lleva ya doce meses viviendo con esa contradicción.
Lo excepcional se quedó.
Y después de un año, empieza a parecer normal.
