Santo Domingo. El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso el envío a juicio de fondo del exministro de Hacienda Donald Guerrero y otros implicados en el denominado caso Calamar, mientras dictó auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta al considerar insuficientes las pruebas presentadas en su contra. La decisión fue emitida por la jueza Altagracia Ramírez tras concluir la audiencia preliminar del proceso.
El fallo marca uno de los movimientos judiciales más relevantes dentro de uno de los expedientes de presunta corrupción administrativa más voluminosos de los últimos años.
La resolución traza una línea jurídica clara:
no todos los imputados correrán la misma suerte procesal.
Mientras Donald Guerrero y varios coacusados deberán enfrentar juicio de fondo por presuntas irregularidades vinculadas al manejo de recursos públicos, el tribunal concluyó que en el caso de Castillo y Peralta no existen elementos suficientes para sostener una acusación penal formal.
La decisión inevitablemente sacude el tablero político y judicial.
El caso Calamar fue presentado por el Ministerio Público como una de las mayores estructuras de presunta corrupción administrativa investigadas en la historia reciente del país, con acusaciones de pagos irregulares, expropiaciones fraudulentas y desvío multimillonario de recursos estatales.
El auto de no ha lugar a favor de figuras de alto perfil introduce ahora una nueva batalla:
la del relato jurídico y político.
Para unos, la decisión reafirma la necesidad de que los expedientes se sostengan exclusivamente sobre prueba sólida.
Para otros, representa un revés importante para la narrativa acusatoria del Ministerio Público.
Más allá del ruido político, el proceso deja una lección elemental que este país a veces olvida con entusiasmo casi artístico. La justicia no puede operar como espectáculo ni como condena anticipada.
Un expediente robusto no se mide por titulares ni ruedas de prensa.
Se mide en tribunal.
Se mide en prueba.
Se mide en capacidad de sostener acusaciones bajo escrutinio judicial.
El caso continuará.
Y el juicio de fondo contra Donald Guerrero y los demás enviados a proceso será ahora el verdadero escenario donde deberán probarse las responsabilidades penales alegadas.
Porque en derecho, como sospechosamente no siempre se recuerda cuando conviene, acusar no equivale a condenar.
