Bruselas. La Unión Europea rechazó la petición del Reino Unido de participar en los comités donde se elaboran normas sobre alimentos, agricultura, electricidad y mercados de carbono, al considerar que un país que abandonó el bloque no puede influir en las decisiones internas como si siguiera siendo miembro.
La solicitud británica responde a una realidad económica difícil de ignorar.
Aunque el Brexit devolvió al Reino Unido el control sobre sus propias leyes, una parte importante de su comercio continúa dependiendo de las regulaciones europeas. Cada cambio normativo aprobado en Bruselas termina afectando a miles de empresas británicas que exportan al mercado comunitario.
Por eso Londres busca un papel más activo.
No pretende volver a la Unión Europea ni recuperar su condición de Estado miembro. Lo que intenta es participar en la discusión de normas que, aun sin votar sobre ellas, terminarán condicionando su economía.
Bruselas, sin embargo, teme abrir un precedente.
Permitir que un país ajeno al bloque influya en la elaboración de reglas comunitarias podría provocar que otros socios reclamaran un trato similar. La posición europea es sencilla: quien desea participar en las decisiones también debe aceptar las obligaciones políticas, jurídicas y económicas que implica pertenecer a la Unión.
El episodio revela la paradoja del Brexit.
La salida permitió recuperar soberanía formal, pero no eliminó la interdependencia económica con Europa. En un mundo donde las cadenas de suministro, la energía y el comercio cruzan fronteras todos los días, separarse políticamente no significa dejar de depender de las reglas del vecino.
Ese es el desafío que enfrenta ahora el Reino Unido.
Quiere conservar su autonomía regulatoria, pero al mismo tiempo necesita que las normas europeas no perjudiquen a sus empresas. Es un equilibrio complejo que obliga a negociar constantemente con el mismo bloque del que decidió salir.
La discusión continuará en la próxima cumbre entre el Reino Unido y la Unión Europea, donde ambas partes intentarán avanzar en acuerdos sobre comercio, energía y movilidad.
Seis años después del Brexit, una conclusión parece inevitable.
Salir de la Unión Europea fue una decisión política.
Aprender a convivir con sus consecuencias está siendo un desafío mucho más largo.
