WASHINGTON.– El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó el intento de la administración de Donald Trump de aplicar nuevas restricciones al voto por correo antes de las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.
La decisión mantiene bloqueadas unas reglas del Servicio Postal estadounidense que obligaban a los estados a utilizar sobres aprobados por la agencia, incorporar códigos de barras específicos y entregar información sobre los electores autorizados a votar por correspondencia.
El Servicio Postal también podría haber rechazado el procesamiento de papeletas que no cumplieran con esos requisitos.
El Gobierno defendió las medidas como necesarias para fortalecer la seguridad de las elecciones y prevenir posibles irregularidades.
Varios estados y organizaciones defensoras del derecho al voto acudieron a los tribunales argumentando que las nuevas exigencias podían alterar abruptamente procesos electorales ya iniciados y provocar que papeletas legítimas no fueran enviadas o contabilizadas.
El Supremo decidió mantener las restricciones suspendidas mientras continúa el litigio.
Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas se opusieron a la decisión.
Brett Kavanaugh, uno de los tres magistrados nombrados por Trump durante su primer mandato, señaló que el Servicio Postal podría tener autoridad para establecer algunas de esas reglas, pero consideró que los estados ya no disponen de tiempo suficiente para aplicarlas antes de noviembre.
La decisión permite que los estados continúen utilizando sus actuales procedimientos para distribuir y recibir votos por correo.
El revés judicial, sin embargo, no pone fin a la ofensiva de la administración Trump para modificar distintos aspectos del sistema electoral.
El Departamento de Justicia mantiene acciones destinadas a obtener información de los registros estatales de votantes, mientras el Gobierno impulsa mecanismos para identificar posibles inscripciones de personas que no tengan ciudadanía estadounidense.
Trump también presiona al Congreso para aprobar nuevas exigencias de identificación y prueba de ciudadanía para registrarse y participar en elecciones federales.
La Casa Blanca presenta estas iniciativas como parte de una campaña para garantizar la integridad electoral.
Gobiernos estatales, organizaciones civiles y dirigentes demócratas cuestionan varias de las medidas y sostienen que podrían ampliar excesivamente el control federal sobre elecciones cuya administración corresponde principalmente a los estados.
La batalla inmediata por el voto por correo quedó frenada.
La disputa sobre las reglas bajo las cuales Estados Unidos celebrará sus elecciones continúa abierta.
