Washington. El Departamento de Justicia de Estados Unidos se negó a entregar nuevos documentos relacionados con el caso Jeffrey Epstein, pese a una orden judicial que le exigía revelar los archivos o explicar detalladamente por qué permanecen ocultos. La decisión profundiza una de las mayores controversias políticas y judiciales que enfrenta la administración de Donald Trump.
El conflicto surge a raíz de una demanda presentada por la periodista Katie Phang, quien acusa al Departamento de Justicia de incumplir la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, aprobada por el Congreso para garantizar la publicación de los documentos vinculados al caso. Un juez federal le dio la razón y ordenó al Gobierno entregar los expedientes pendientes o justificar legalmente cada una de las omisiones y censuras.
La respuesta del Departamento de Justicia fue tajante.
En lugar de publicar la documentación solicitada, pidió aplazar el proceso y defendió que muchas de las tachaduras buscan proteger la identidad de las víctimas, evitar la divulgación de información sensible y respetar privilegios legales. Además, insistió en que considera haber cumplido con las obligaciones impuestas por la ley.
La disputa ya supera el caso Epstein.
Lo que ahora está en juego es la credibilidad del propio sistema de transparencia estadounidense.
Si el Congreso ordena publicar documentos y un tribunal exige explicar las excepciones, la negativa del Ejecutivo inevitablemente alimenta las sospechas de quienes creen que todavía existen archivos relevantes que permanecen ocultos.
Ese es el verdadero problema.
Cada documento retenido, cada página censurada y cada prórroga solicitada fortalecen la percepción de que el caso Epstein sigue guardando información incómoda para personas con poder político, económico o social.
El Departamento de Justicia sostiene que la protección de las víctimas debe prevalecer.
Sus críticos responden que proteger a las víctimas no puede convertirse en un argumento para ocultar información de interés público o incumplir una ley aprobada precisamente para garantizar transparencia.
El tribunal deberá decidir ahora si acepta las explicaciones del Gobierno o si obliga a divulgar más documentos.
Mientras tanto, el expediente Epstein continúa demostrando que su mayor impacto ya no está únicamente en los delitos cometidos por el financista.
También está en las dudas que siguen rodeando la actuación de las instituciones encargadas de revelar toda la verdad.
