Santo Domingo. El presidente Luis Abinader remitió al Senado un proyecto con 18 modificaciones al nuevo Código Penal, con el objetivo de corregir los artículos que han generado mayores preocupaciones entre juristas, periodistas, médicos y organizaciones de la sociedad civil antes de que la ley entre en vigor.
Las propuestas se concentran en temas sensibles como la difamación, la injuria, la difusión de imágenes y audios sin consentimiento, el delito de ultraje contra la autoridad y las certificaciones médicas falsas. Uno de los cambios más relevantes busca dejar claro que las críticas, denuncias e informaciones sobre asuntos de interés público o sobre el desempeño de funcionarios no constituyan difamación salvo que exista dolo comprobado.
La decisión representa un reconocimiento político importante.
El Gobierno está admitiendo que una ley recién aprobada puede y debe perfeccionarse cuando aparecen riesgos para derechos fundamentales.
Eso no debilita al Código Penal.
Lo fortalece.
Las grandes reformas jurídicas rara vez nacen impecables. Lo preocupante habría sido insistir en que un texto era intocable pese a las advertencias de jueces, abogados, medios de comunicación y especialistas.
El desafío ahora será otro.
Corregir sin desnaturalizar.
República Dominicana necesita un Código Penal moderno, capaz de responder a delitos que hace décadas ni siquiera existían. Pero esa modernización no puede hacerse a costa de restringir la libertad de expresión ni de generar incertidumbre sobre el trabajo periodístico o el derecho de los ciudadanos a denunciar actuaciones de interés público.
También resulta significativo que el Ejecutivo haya optado por una reforma puntual y no por reabrir toda la discusión del Código.
Ese enfoque reduce el riesgo de que debates ya superados paralicen nuevamente una legislación cuya actualización llevaba décadas pendiente.
El Congreso tiene ahora la última palabra.
Si logra aprobar estas modificaciones antes de la entrada en vigencia de la ley, enviará una señal positiva: que el sistema político es capaz de escuchar críticas razonables y corregir errores sin convertir cada reforma en una batalla interminable.
Un buen Código Penal no es el que nunca se modifica.
Es el que tiene la capacidad de mejorar antes de que sus errores terminen siendo corregidos por los tribunales.
