Tras perder en la Corte Suprema, el presidente cambió de herramienta legal e impuso gravámenes de hasta 12.5 % a decenas de socios comerciales
Washington. Donald Trump volvió a colocar a Estados Unidos en el centro de una guerra comercial mundial.
Después de que la Corte Suprema frenara buena parte de su ofensiva arancelaria, el presidente estadounidense recurrió a otra disposición legal para imponer nuevos gravámenes de entre 10 % y 12.5 % a productos procedentes de decenas de países y de la Unión Europea.
La reacción no tardó.
Gobiernos, empresas, especialistas en comercio internacional y hasta autoridades dentro de Estados Unidos cuestionan tanto la justificación utilizada por Washington como la legalidad de las nuevas medidas.
La Casa Blanca sostiene ahora que los aranceles buscan combatir el uso de trabajo forzoso en las cadenas internacionales de suministro.
Ese argumento es precisamente uno de los puntos más cuestionados.
La administración utilizó la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta concebida para responder a prácticas comerciales consideradas injustas, después de que la Corte Suprema determinara en febrero que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional no concedía al presidente autoridad para imponer unilateralmente sus anteriores aranceles globales.
La nueva ofensiva afecta a unas 60 economías y alcanza también a la Unión Europea.
Pero la batalla ya no ocurre únicamente fuera de Estados Unidos.
Veinticinco estados estadounidenses presentaron una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional para intentar detener los nuevos gravámenes.
Los demandantes sostienen que la administración está utilizando la lucha contra el trabajo forzoso como pretexto para reconstruir, mediante otra ley, buena parte del sistema arancelario que ya había sido invalidado.
Trump defiende que su política está protegiendo empleos, fortaleciendo la producción estadounidense y obligando a otros países a negociar condiciones comerciales más favorables.
Sus críticos advierten de otro efecto: mayores costos para importadores y consumidores, incertidumbre para las empresas y un deterioro creciente de las relaciones comerciales de Estados Unidos.
La discusión, por tanto, ya no es solamente cuánto cobrará Washington por dejar entrar un producto.
Es si el presidente tiene autoridad para hacerlo de esta manera.
La Corte Suprema cerró una puerta.
Trump buscó otra.
Y la guerra comercial volvió a entrar por ella.
