El CNM evalúa la continuidad de jueces de la Suprema y deberá escoger nuevos magistrados para completar esa corte y el Tribunal Superior Electoral
Santo Domingo. La justicia dominicana entró formalmente en un proceso de renovación que puede modificar una parte importante de la composición de sus principales tribunales.
El Consejo Nacional de la Magistratura tiene sobre la mesa la evaluación de 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia que cumplen siete años desde su designación, aunque cuatro de ellos comunicaron que no desean continuar en sus cargos.
Entre quienes decidieron no permanecer figura el presidente de la Suprema, Luis Henry Molina, junto a los magistrados Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Nancy Salcedo Fernández y María Garabito Ramírez.
Eso significa que habrá nuevas vacantes.
Los otros siete jueces deberán pasar por un proceso de evaluación en el que el CNM determinará si su desempeño justifica que permanezcan otros siete años en la Suprema.
La ciudadanía también participa.
El Consejo abrió un período para recibir objeciones y observaciones sobre los magistrados sometidos a evaluación, antes de comenzar las entrevistas públicas.
Pero la renovación judicial no termina ahí.
El Consejo Nacional de la Magistratura deberá escoger además a los nuevos integrantes del Tribunal Superior Electoral, cuyos actuales jueces concluyen su período.
El proceso ocurre apenas meses después de otra transformación importante: la renovación del Tribunal Constitucional, donde cinco nuevos magistrados fueron juramentados a finales de 2025.
En pocos meses, por tanto, República Dominicana habrá intervenido la composición de tres de sus principales órganos jurisdiccionales: Tribunal Constitucional, Suprema Corte de Justicia y Tribunal Superior Electoral.
El momento tiene una importancia que trasciende los nombres.
La Suprema es la cabeza del Poder Judicial y sus decisiones terminan definiendo criterios que afectan todo el sistema de justicia.
El Tribunal Superior Electoral, mientras tanto, tendrá bajo su responsabilidad conflictos partidarios y electorales precisamente cuando el país comienza a caminar hacia las elecciones de 2028.
El Consejo Nacional de la Magistratura tiene ahora una oportunidad poco frecuente.
No está simplemente llenando vacantes.
Está ayudando a decidir quiénes interpretarán las leyes, resolverán conflictos políticos y administrarán una parte fundamental del poder institucional dominicano durante los próximos años.
Los gobiernos pasan.
Los jueces que se escojan ahora permanecerán mucho después.
