Decenas de ciudadanos y dirigentes de Opción Democrática y Frente Amplio se concentraron frente a la Procuraduría General para reclamar penas y recuperación del dinero público en el expediente de Operación Cobra, que investiga un presunto desfalco millonario en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). En el acto, José Horacio Rodríguez cuestionó expedientes “incompletos” y exigió que ningún nombre quede fuera si tuvo participación; Virginia Antares advirtió contra repetir la historia de casos emblemáticos sin condena firme.
La protesta ocurre tras la medida de coerción que impuso 18 meses de prisión preventiva al exdirector Santiago Hazim y a otros seis imputados, mientras tres coacusados recibieron arresto domiciliario por colaborar con la investigación. El juez calificó los hechos como “extremadamente graves”, una “traición a la confianza pública”; el caso fue declarado complejo.
De acuerdo con el Ministerio Público, el entramado habría defraudado a la ARS estatal por más de RD$15,000 millones mediante sobornos, falsificación y lavado, con impacto sobre el derecho a la salud de más de 7.4 millones de afiliados. La Procuraduría informó además que se investigan posibles muertes vinculadas a procedimientos innecesarios (cateterismos repetidos, radioterapias sin indicación).
En las audiencias, tres imputados admitieron ante el tribunal haber pagado sobornos a funcionarios para ser favorecidos con contratos. La Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso, precisó que no existen acuerdos de culpabilidad ni criterios de oportunidad otorgados hasta el momento y que buscarán penas y decomisos en los tribunales.
Los movimientos ciudadanos pidieron al Ministerio Público profundizar la línea de investigación sobre financiamiento político y asegurar reparación del daño, mientras demandaron al Congreso y a las autoridades reguladoras cerrar brechas de contratación y supervisión en el sistema de salud para que SeNaSa salga más fuerte del proceso.
