Además del Congreso, los estadounidenses elegirán jueces en casi la mitad del país. Las contiendas podrían modificar el equilibrio judicial en varios estados y determinar futuras decisiones sobre aborto, derechos electorales y distribución de distritos legislativos.
Las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre no solamente definirán el equilibrio político del Congreso estadounidense. Millones de ciudadanos también votarán para elegir o ratificar a los integrantes de los tribunales supremos estatales, instituciones con capacidad para decidir sobre algunas de las cuestiones más controvertidas del país.
En aproximadamente 24 estados habrá procesos judiciales electorales, mediante votaciones partidistas, no partidistas o consultas para determinar si los magistrados actuales permanecen en sus cargos.
Cinco estados concentran especial atención por las consecuencias que sus resultados podrían tener sobre futuras decisiones judiciales.
En Michigan, seis candidatos compiten por dos puestos. La presidenta del tribunal, Megan Cavanagh, y el magistrado Noah Hood buscan mantenerse en sus cargos frente a aspirantes respaldados por los republicanos y otras organizaciones políticas. Actualmente, los jueces de orientación demócrata mantienen una mayoría de seis a uno.
Montana presenta una disputa más estrecha. Amy Eddy y Dan Wilson compiten por sustituir a la magistrada Beth Baker, quien se retira después de 16 años. Aunque la elección es oficialmente no partidista, ambos candidatos cuentan con respaldos de sectores políticos opuestos.
Los electores de Montana también decidirán si incorporan a su Constitución una disposición que garantice el carácter no partidista de las elecciones judiciales. La propuesta surge después de iniciativas republicanas para modificar el sistema de selección de magistrados.
En Carolina del Norte, la jueza demócrata Anita Earls intenta conservar su puesto frente a Sarah Stevens, antigua legisladora republicana. El tribunal mantiene actualmente una mayoría conservadora de cinco a dos, pero el resultado podría influir en las disputas por su control en 2028.
Missouri celebrará una votación para determinar la continuidad del magistrado Paul Wilson, mientras Washington elegirá cinco de los nueve integrantes de su tribunal supremo, en medio de controversias sobre impuestos y reformas judiciales.
La importancia de estas elecciones ha movilizado inversiones de organizaciones políticas y grupos de defensa de derechos civiles. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ha destinado aproximadamente 5.5 millones de dólares a actividades electorales en Michigan, Montana y Carolina del Norte.
Los tribunales estatales tienen la última palabra sobre la interpretación de numerosas leyes locales, incluidas disposiciones relacionadas con el aborto, la protección ambiental y las reglas electorales.
Aunque la mayoría de estas elecciones no modificará inmediatamente el control ideológico de los tribunales, sus resultados podrían alterar mayorías judiciales en próximos ciclos.
Así, mientras la atención nacional se concentra en quién controlará el Congreso, los votantes también decidirán quiénes interpretarán las leyes que afectan directamente sus derechos y obligaciones.
