Santo Domingo. El exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial Gonzalo Castillo calificó como “persecución política pura” la decisión del Estado dominicano de apelar el auto de no ha lugar que lo favoreció en el caso Calamar, reabriendo un debate que trasciende el expediente judicial y vuelve a colocar en el centro la relación entre justicia y política.
La apelación busca revocar la decisión emitida por el Cuarto Juzgado de la Instrucción, que excluyó a Castillo y a otros imputados del juicio de fondo. El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público sostiene que existen errores en la valoración de las pruebas y solicita que el proceso continúe en los tribunales.
Castillo respondió con firmeza.
Aseguró que la apelación no obedece a criterios jurídicos, sino a una estrategia de persecución política dirigida contra él y otros exfuncionarios del pasado gobierno.
La controversia refleja uno de los mayores desafíos de los procesos por corrupción en América Latina.
Cuando los casos involucran a figuras de alto perfil político, el debate deja rápidamente de concentrarse en las pruebas para trasladarse al terreno de las interpretaciones. Para unos, la justicia finalmente actúa. Para otros, el sistema judicial termina convertido en una herramienta de confrontación política.
Esa polarización tiene un costo.
Cada vez que un expediente termina siendo leído únicamente desde la militancia partidaria, la confianza pública en la justicia se deteriora. Si una sentencia favorable es vista como impunidad y una apelación como persecución, el sistema pierde credibilidad sin importar cuál sea el desenlace.
Por eso la fortaleza de un Estado de derecho no depende únicamente de perseguir la corrupción.
También depende de garantizar procesos transparentes, independientes y capaces de convencer por la solidez de las pruebas, no por la fuerza de los discursos.
La apelación presentada ahora deberá ser conocida por la Corte de Apelación, que decidirá si confirma el no ha lugar o si ordena la apertura de un juicio de fondo contra Castillo y otros favorecidos con la decisión inicial.
Mientras tanto, el caso Calamar continúa demostrando que los grandes procesos de corrupción no solo se libran en los tribunales.
También se disputan en la opinión pública.
Y esa batalla suele ser tan intensa como la judicial.
