La nueva presidenta de Perú promete mano dura contra el crimen, una ofensiva de infraestructura y más ayudas estatales, pero deja sin explicar cómo financiará buena parte de su programa
Lima. Keiko Fujimori inauguró su Gobierno con una fórmula amplia y agresiva: militares contra el crimen, grandes obras públicas, aumento del salario mínimo y más asistencia estatal para los sectores pobres.
En su primer discurso como presidenta de Perú, Fujimori colocó la seguridad ciudadana en el centro de su mandato y anunció que las Fuerzas Armadas asumirán un papel directo durante los estados de emergencia.
La medida permitirá que los militares encabecen temporalmente las operaciones de seguridad y el control del orden interno en las zonas más golpeadas por la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal.
La nueva mandataria también prometió modernizar a la Policía con sistemas interconectados de videovigilancia, herramientas de inteligencia artificial para identificar focos delictivos y un fortalecimiento de los servicios de inteligencia.
El mensaje fue claro: el nuevo Gobierno quiere recuperar territorios que considera perdidos frente al crimen organizado.
Pero la seguridad no fue la única gran promesa.
Fujimori anunció una ofensiva de obras públicas que incluye nuevas carreteras, corredores logísticos, sistemas de metro para Arequipa, Piura y Trujillo y la terminación de la Línea 2 del Metro de Lima, iniciada en 2014 y todavía inconclusa.
También prometió culminar la Nueva Carretera Central y conectar mejor las zonas productivas con los mercados nacionales.
El problema es el dinero.
Una parte de las obras anunciadas podría costar alrededor de 76,900 millones de soles, equivalentes a unos US$22,600 millones y cerca del 7 % del producto interno bruto peruano. Fujimori no explicó de dónde saldrán los recursos ni cuáles serán los plazos de ejecución.
La presidenta también dio un giro respecto de su discurso de campaña y anunció que elevará el salario mínimo de 1,130 a 1,300 soles.
Durante la campaña había criticado una propuesta similar de su rival Roberto Sánchez, a quien acusó de buscar el aplauso fácil. Ahora la medida forma parte de sus primeras decisiones de Gobierno.
Tampoco precisó cuándo entrará en vigor.
En materia social, Fujimori prometió reorganizar los programas de ayuda estatal, relanzar un plan nacional de asistencia alimentaria creado durante el Gobierno de su padre y reducir a la mitad la desnutrición crónica infantil y la anemia.
La nueva presidenta aseguró haber encontrado un Estado “a la deriva” y prometió fortalecerlo.
Su llegada al poder, sin embargo, estuvo rodeada de protestas.
Legisladores de la oposición abandonaron el Congreso mostrando fotografías de víctimas de la represión estatal, mientras manifestantes realizaron un lavado simbólico de la bandera peruana frente al Palacio de Justicia.
Fujimori habló de reconciliación, pero evitó referirse a dos asuntos que marcaron la campaña: las violaciones de derechos humanos y su propuesta de retirar a Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Su primer gabinete tampoco pasó inadvertido.
Solo dos de los 19 ministerios estarán dirigidos por mujeres. Además, varias figuras designadas carecen de experiencia directa en las áreas que ahora deberán administrar.
Keiko Fujimori llega al poder prometiendo orden, inversión y protección social.
El programa es ambicioso. La caja, los plazos y los límites todavía son un misterio.
