competencia democrática
Luego de dos meses de iniciada la crisis provocada por los conflictos en el oriente
medio, el Gobierno dominicano no ha presentado un plan serio que permita al país
enfrentar de manera correcta los efectos negativos que dicha crisis ha provocado
y continuará provocando a la economía nacional.
Por el contrario, a partir de los reclamos de diversos sectores políticos y sociales
para que presente un plan de austeridad gubernamental, es ahora de manera
tardía, que presenta unos lineamientos muy generales y vagos que no resolverán
el problema, sino que, frente a la actual coyuntura internacional, pretende instalar
en la opinión pública un falso dilema: que la solución se reduce a recortar el
financiamiento a los partidos políticos.
El gobierno admite necesitar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos para
enfrentar la crisis. Y la única medida que presenta con mayor énfasis mediático y
con números reales es la que consiste en recortarles nuevamente el
financiamiento público legal a los partidos políticos. Las demás medidas
propuestas son un rosario de enunciados generales, algunos con forma poética y
con matices de redacción de inteligencia artificial.
Ese planteamiento no es serio. Y, sobre todo, no resuelve el problema.
Nadie está en contra de la austeridad. Todo lo contrario. La austeridad, cuando es
real, es una obligación en la gestión pública. Pero no puede ser un discurso; tiene
que ser una práctica coherente, verificable y sostenida en el tiempo.
Este Gobierno ha tenido múltiples oportunidades para demostrar esa coherencia.
Ha dictado decretos de austeridad que no ha cumplido. Y en la práctica, el gasto
público no se ha reducido.
Por el contrario, lo que vemos es un gasto que se mantiene elevado y mal
orientado.
En ese contexto, proponer recortar un 50% adicional al financiamiento a los
partidos políticos no es una política de austeridad. Es una medida superficial, que
no impacta el problema fiscal, y que desvía la atención del dispendio real de los
recursos públicos, toda vez que dicho monto representa mucho menos del 2% del
presupuesto que dice necesitar.PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA
“Servir al Partido para Servir al Pueblo”
COMITÉ POLÍTICO
Eso no es un plan de austeridad, es un engaño con matices políticos.
Pero, además, no es la primera vez que ocurre.
El gobierno de Luis Abinader y el PRM ha intentado limitar los recursos de los
partidos de oposición desde el mismo 2020, cuando intentó presentar un
presupuesto nacional para 2021 que reducía el monto asignado a los partidos
políticos y, más grave aún, en los hechos, desde el 2022 ha estado violando la
Ley de Partidos, al asignar en los presupuestos partidas inferiores a la mitad de la
que manda dicha ley.
Para que la sociedad dominicana esté debidamente informada, la ley establece
que, en años no electorales, los partidos políticos deben recibir el 0.25% de los
ingresos nacionales. Este porcentaje responde a la necesidad de garantizar
condiciones mínimas de competencia política, evitar que los intereses
empresariales se adueñen de los partidos a través del financiamiento privado y
fortalecer la institucionalidad democrática, cerrando el paso además a posibles
financiamientos espurios del narcotráfico y de la delincuencia organizada.
No obstante, en el 2022, en el contexto de la crisis derivada de la guerra
entre Ucrania y Rusia, el gobierno redujo el financiamiento aproximadamente a la
mitad, es decir en vez del 0.25 %, solo asignó en el presupuesto de ese año
el 0.125% de los ingresos nacionales. Se justificó como una medida excepcional
que se ha mantenido en el tiempo, pero sentó un precedente institucional muy
negativo, ya que abrió la posibilidad de que a través de la del presupuesto
incumplía montos asignados según otras leyes.
Ya que en términos reales el gobierno está asignando, desde 2022, la mitad de lo
que manda la ley, la realidad es que lo que pretende ahora es disminuir el
financiamiento a apenas 0.0625%, lo que equivale a una cuarta parte del monto
originalmente establecido por la ley. Este no es un ajuste menor: ya que disminuye
drásticamente la capacidad de acción de los partidos de oposición, como
contrapeso necesario en toda democracia.
No es un hecho aislado, como vemos se inscribe en un patrón de comportamiento.
La reducción del financiamiento partidario y la expansión del aparato estatal
combinadas crean condiciones de competencia desleal.PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA
“Servir al Partido para Servir al Pueblo”
COMITÉ POLÍTICO
Los partidos políticos no son un gasto accesorio. Son instrumentos fundamentales
de la democracia. Reducir de manera sistemática su capacidad operativa implica,
en los hechos, limitar la competencia política.
Y sin competencia política real, no hay democracia sólida.
Además, debilitar el financiamiento público abre la puerta a una mayor
dependencia de recursos privados, lo que distorsiona la representación política.
Por eso, este no es un debate sobre los partidos. Es un debate sobre la necesidad
de frenar el dispendio gubernamental de los recursos públicos.
Si el Gobierno quiere hablar en serio de austeridad, debe empezar por donde
realmente está el problema. El país necesita un plan real, no medidas simbólicas
ni populistas. La austeridad no se anuncia. Se practica en el día a día. Y empieza
por el propio Gobierno.
El PLD no cederá ante el chantaje. Sabemos cómo empieza el autoritarismo
y cómo termina ese camino. El PLD propuso un plan serio y fácil de implementar
para atender la crisis, y hoy elevamos la apuesta: si el objetivo es austeridad,
ponemos sobre la mesa un plan de austeridad real que este gobierno no tiene el
valor de ejecutar:
Primero — reducción de la nómina pública improductiva y publicación inmediata
y completa en los portales del Estado de todos los salarios, incluyendo los
contratos de servicios que se han mantenido ocultos.
Desde 2020 la nómina pública creció en más de RD$144,000 millones —no en
servicios al ciudadano, sino en aumentos de salarios, garantías de privilegios y
lujos para funcionarios que en muchos casos no generan ningún beneficio
verificable para el país.
Segundo — Congelar, de inmediato, todas las declaratorias de compras de
emergencia. Las compras de emergencia se han convertido en el principal
mecanismo de evasión de la Ley de Compras. Suspensión total mientras dure la
crisis. Ninguna excepción.
Tercero — Congelar los programas sociales que no estén vinculados al SIUBEN
y publicar la lista completa de beneficiarios. Y responder con datos los avances
de la investigación en los escándalos de corrupción en SENASA, en Educación, y
en la repartición de los bonos navideños y de todo tipo.PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA
“Servir al Partido para Servir al Pueblo”
COMITÉ POLÍTICO
Cuarto — Reducir el 50% en dietas, gastos de representación y bonos de
funcionarios. Si gastaron RD$1,037 millones en dietas en un solo mes, reducirlos
a la mitad libera más recursos que los que les quitan a todos los partidos en el
año.
Quinto — Eliminar total del gasto en eventos, actividades de entretenimiento y
servicios de televisión por cable del Estado. Ese no es gasto del Estado. Es el
festín de un partido.
Sexto — Suspender inmediatamente la práctica de otorgar pensiones especiales,
comenzando por revisar todas las que superan RD$100,000 mensuales a
personas que nunca han trabajado en el Estado y que no cumplen con los criterios
establecidos por la ley.
Es una burla: mientras el dominicano promedio trabaja jornadas extraordinarias
sin poder cubrir la canasta básica ni pagar los servicios esenciales, el gobierno
premia con pensiones de lujo a militantes y aliados políticos.
Séptimo — Desarrollar un plan vinculante con metas trimestrales para reducir las
pérdidas eléctricas de las distribuidoras del 41% actual al 25% en 18 meses, bajo
interventoría independiente.
Octavo— Realizar una auditoría forense independiente sobre el destino de los
US$775 millones del contrato de AERODOM, con resultados públicos en 60 días
y consecuencias penales si aplica. Ese dinero pertenece a todos los dominicanos.
En conjunto, estas ocho medidas representan más de 400 veces el
presupuesto total de los partidos políticos. Que alguien le explique al país
por qué no iniciar por acá — sino por algo tan marginal y económicamente
limitado — si el objetivo no es puramente político.
Ese es el verdadero problema. Y ese es el debate que el Gobierno quiere evitar.
Santo Domingo, República Dominicana
Lunes 4, mayo 2026.
