En el Gran Santo Domingo, solo alrededor del 70% de los usuarios registrados realiza el pago del servicio de agua, una situación que sigue debilitando las finanzas del sistema y limitando su capacidad de mantenimiento, expansión y mejora.
Las autoridades explican que la brecha de cobro no se debe únicamente a morosidad: también influye la cultura histórica de no pago, fallas de facturación, conexiones irregulares y la percepción de que el agua “debe ser gratis” aunque cueste millones producirla, bombearla y distribuirla.
El problema es estructural: cuando una parte relevante de los usuarios no paga, el sistema se vuelve dependiente de subsidios, pierde capacidad de inversión y responde con servicios más frágiles. Eso termina generando un círculo vicioso: peor calidad, más resistencia al pago, menos recursos para mejorar.
Desde el punto de vista de política pública, la discusión ya no es si el agua debe ser accesible, sino cómo se sostiene un servicio esencial sin destruirlo. En un esquema saludable, la tarifa y el cobro no son castigo: son la base para garantizar continuidad, presión, calidad y reparación de averías.
El reto inmediato es doble: mejorar la eficiencia de cobro y aumentar la confianza del usuario. Eso implica facturación clara, corrección de distorsiones, combate de conexiones ilegales y una estrategia de comunicación que haga explícito lo que casi nunca se dice: el agua no cae del cielo al grifo. Al grifo llega porque alguien la capta, la trata, la bombea y la mantiene fluyendo. Y todo eso cuesta.
