El chavismo y sectores de la oposición iniciarán conversaciones el 1 de agosto bajo supervisión de Washington, dos años después de unas elecciones cuyos resultados completos nunca fueron publicados
Caracas. Venezuela vuelve a sentarse a negociar sin haber cerrado la herida que abrió el fraude electoral de 2024.
El próximo 1 de agosto comenzarán nuevas conversaciones entre el chavismo y sectores de la oposición, bajo la supervisión de Estados Unidos. El objetivo formal será construir una ruta hacia elecciones libres y competitivas. El problema es evidente: el país ya votó hace dos años y ese resultado nunca fue reconocido.
Las presidenciales del 28 de julio de 2024 marcaron un punto de ruptura. La oposición asegura que Edmundo González Urrutia obtuvo cerca de 7.4 millones de votos, frente a unos 3.3 millones del oficialismo. El Consejo Nacional Electoral nunca publicó los resultados mesa por mesa. Las actas recopiladas por la oposición, en cambio, mostraron una ventaja amplia contra Nicolás Maduro.
La respuesta del poder no fue aclarar las cifras. Fue reprimir.
Más de 2,000 personas fueron encarceladas por razones políticas, numerosos dirigentes salieron al exilio y buena parte de la oposición terminó en la clandestinidad. María Corina Machado, principal figura opositora, quedó fuera del país y no forma parte directa de la nueva mesa.
Ese vacío pesa sobre toda la negociación.
Aunque Machado ha dicho que no bloqueará un proceso que produzca avances reales, su ausencia debilita la legitimidad de cualquier acuerdo. La oposición venezolana no puede ser reconstruida desde Washington ignorando a la dirigente que concentra buena parte del respaldo popular.
Del otro lado, el chavismo intenta sobrevivir a una nueva etapa sin Nicolás Maduro en el poder. Delcy Rodríguez encabeza actualmente el Gobierno interino y mantiene la versión oficial de que las elecciones de 2024 fueron legítimas.
La negociación también tiene un componente económico. Estados Unidos busca crear un marco político y jurídico que permita reactivar inversiones, ordenar la deuda y abrir el sector petrolero venezolano al capital extranjero.
No se discute solamente quién gobernará Venezuela. También se discute quién controlará sus recursos y bajo cuáles reglas.
El terremoto del pasado 24 de junio, que dejó más de 5,500 muertos, ha añadido otra capa de presión. La emergencia permitió al Gobierno movilizar recursos y recuperar cierto margen político, pero también volvió a mostrar el deterioro del Estado y su incapacidad para proteger a la población.
El chavismo llega a la mesa debilitado, pero aún conserva poder institucional. La oposición mantiene apoyo social, pero llega fragmentada. Estados Unidos tiene capacidad de presión, pero no necesariamente la legitimidad para imponer una salida duradera.
Venezuela ya ha pasado por numerosas negociaciones rotas. Promesas, fotografías, acuerdos y traiciones. El ritual es conocido.
Esta vez, la prueba será sencilla: elecciones verificables, instituciones legítimas y plazos concretos.
Todo lo demás será otra mesa para administrar la crisis mientras el país sigue esperando una salida.
