Santiago. El Seguro Nacional de Salud formalizó una querella contra tres exdirectivos del Instituto Oncológico Regional del Cibao por un presunto desfalco de RD$3,700 millones, en un caso que vuelve a colocar bajo máxima tensión la relación entre fondos públicos, salud y administración privada de servicios médicos.
La acusación apunta a supuestas maniobras fraudulentas realizadas en perjuicio de Senasa mediante cobros irregulares, facturación cuestionada y manejo presuntamente indebido de recursos destinados a la atención de pacientes oncológicos.
El caso es especialmente grave por el sector involucrado.
No hablamos de una obra pública cualquiera ni de una licitación de escritorios con sobreprecio, esa pequeña tradición nacional tan creativa. Hablamos de recursos vinculados a pacientes con cáncer.
Ahí el daño no es solo financiero.
Es moral.
Senasa busca constituirse formalmente como parte querellante para reclamar responsabilidad penal y civil contra los señalados, mientras el Ministerio Público profundiza la investigación.
El expediente tendrá que demostrar si hubo una estructura organizada para defraudar al seguro estatal y si esos recursos fueron desviados de manera sistemática.
La noticia golpea por una razón sencilla:
cuando se roba en salud, no se roba solamente dinero.
Se roba tiempo.
Se roba tratamiento.
Se roba confianza pública.
Y en casos oncológicos, el tiempo muchas veces vale vida.
El país necesita que este proceso avance con rigor, sin espectáculo, pero sin blandura.
Porque si se confirma un desfalco de esta magnitud en un centro dedicado al cáncer, no bastará con indignarse dos días.
Habrá que recuperar dinero, imponer consecuencias y revisar controles.
La corrupción en salud no es un expediente más.
Es una forma particularmente cruel de abuso público.
