Santo Domingo. Más de la mitad de los homicidios que ocurren en República Dominicana tienen un origen que rara vez ocupa titulares: conflictos sociales que escalan hasta terminar en tragedia. Así lo reveló la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, al informar que el 58 % de los casos de homicidio registrados en el país están vinculados a discusiones personales, disputas entre vecinos, conflictos familiares, riñas y otros enfrentamientos sociales.
El dato resulta incómodo porque desmonta una de las narrativas más repetidas en el debate público. Durante años, la conversación sobre seguridad se ha concentrado casi exclusivamente en el crimen organizado, el narcotráfico y las bandas criminales. Son problemas reales y graves. Pero las cifras sugieren que una gran parte de la violencia dominicana nace mucho más cerca: en la casa, en la calle, en el colmado, en el barrio.
La conclusión es difícil de ignorar. No todos los homicidios son producto de estructuras criminales. Muchos ocurren porque una sociedad cada vez más tensionada ha ido perdiendo la capacidad de resolver conflictos sin recurrir a la violencia.
La respuesta tradicional del Estado ha sido aumentar patrullas, adquirir equipos y fortalecer la persecución penal. Sin embargo, ningún operativo policial puede estar presente en cada discusión entre vecinos, cada conflicto de pareja o cada pelea que comienza con una palabra fuera de lugar y termina con una muerte.
El problema parece más profundo.
Detrás de estas cifras aparecen factores como la desintegración familiar, el consumo problemático de alcohol y drogas, la falta de mediación comunitaria, la escasa educación emocional y una cultura que todavía premia la confrontación por encima del diálogo.
Eso obliga a replantear la conversación nacional sobre seguridad.
La lucha contra el crimen no puede limitarse a perseguir delincuentes después de que ocurre un hecho violento. También implica reducir las condiciones que hacen posible que una discusión cotidiana termine en un asesinato.
La seguridad ciudadana no depende únicamente de fiscales, jueces y policías. También depende de escuelas, familias, iglesias, clubes comunitarios y espacios capaces de reconstruir el tejido social.
Las declaraciones de la Procuraduría dejan una advertencia clara: el país puede seguir invirtiendo millones en patrullas y tecnología, pero mientras continúe creciendo la violencia que nace dentro de la propia convivencia social, una parte importante del problema seguirá intacta.
Porque hay homicidios que se combaten con inteligencia policial.
Y hay otros que solo se previenen reconstruyendo la sociedad.
