Santo Domingo. El acceso cada vez más temprano de niños y adolescentes a teléfonos inteligentes, redes sociales y aplicaciones de mensajería está impulsando nuevas formas de abuso sexual, extorsión y captación de menores, una realidad que preocupa cada vez más a las autoridades y especialistas en protección infantil.
El problema ya no ocurre únicamente en las calles.
Ahora comienza en la pantalla de un celular.
Un mensaje privado, una videollamada, una fotografía enviada sin supervisión o un perfil falso pueden convertirse en el primer paso para el acoso, el chantaje o la explotación de un menor.
La tecnología amplió las posibilidades de comunicación.
También multiplicó las oportunidades para los depredadores.
El error consiste en creer que entregar un teléfono a un niño equivale únicamente a darle acceso a internet. En realidad, también significa abrir una puerta hacia millones de personas desconocidas, algunas de ellas con intenciones criminales.
La respuesta no puede limitarse a pedir más vigilancia policial.
Las familias siguen siendo la primera línea de defensa.
Muchos padres saben instalar aplicaciones, pero desconocen cómo funcionan los algoritmos de recomendación, los mensajes efímeros, los chats cifrados o las nuevas formas de manipulación utilizadas para ganarse la confianza de un menor.
El desafío tampoco corresponde solo a los hogares.
Las plataformas tecnológicas han sido criticadas internacionalmente por la facilidad con la que contenido ilegal y redes de explotación infantil continúan circulando en internet, mientras gobiernos de distintos países comienzan a endurecer las obligaciones legales para proteger a los menores.
República Dominicana tampoco puede seguir reaccionando únicamente cuando el delito ya ocurrió.
La educación digital debe formar parte de la enseñanza desde edades tempranas. Los estudiantes necesitan aprender a identificar riesgos, proteger su privacidad y reconocer las estrategias de manipulación que utilizan quienes buscan aprovecharse de ellos.
Porque el problema no es la tecnología.
El problema es entregar tecnología sin educación, sin supervisión y sin preparación.
Cada año los dispositivos son más inteligentes.
La pregunta es si los adultos responsables de proteger a los menores están aprendiendo al mismo ritmo.
Si la respuesta es no, los delincuentes seguirán teniendo ventaja.
Y esa es una carrera que ningún país puede permitirse perder.
