Santo Domingo. Han pasado siete meses desde que el Gobierno depositó en el Senado el proyecto de reforma policial. Siete meses de reuniones, lecturas, observaciones, prórrogas y estudios. Siete meses después, la iniciativa todavía no tiene un informe favorable y corre el riesgo de perimir si no es aprobada antes del cierre de la actual legislatura.
La situación resulta particularmente incómoda porque la reforma policial ha sido presentada como una de las transformaciones más importantes impulsadas por el presidente Luis Abinader desde 2021. Sin embargo, el proyecto llegó al Congreso a finales de 2025 y desde entonces ha avanzado con una lentitud que contrasta con la urgencia del problema que pretende resolver.
El caso expone una vieja enfermedad de la política dominicana: anunciar reformas es relativamente fácil; convertirlas en leyes suele ser mucho más difícil.
La comisión senatorial encargada de estudiar la pieza asegura que ha concluido el análisis de los más de 300 artículos del proyecto. Sin embargo, todavía faltan informes legales, observaciones de legisladores y modificaciones solicitadas por instituciones públicas. Cada nuevo trámite consume tiempo en un calendario que ya empieza a agotarse.
Lo preocupante no es únicamente el retraso.
Lo preocupante es el mensaje.
Mientras el Congreso debate, la Policía sigue enfrentando los mismos desafíos que dieron origen a la reforma: cuestionamientos sobre el uso de la fuerza, problemas disciplinarios, debilidades en los mecanismos de supervisión y una confianza ciudadana que continúa siendo frágil.
La propuesta busca introducir cambios importantes. Entre ellos, fortalecer los controles internos, redefinir el uso de la fuerza, reformar los sistemas de reclutamiento y crear nuevas estructuras de supervisión y dirección estratégica dentro de la institución.
Nadie discute que una reforma de esta magnitud requiere estudio.
Pero tampoco parece razonable que una iniciativa considerada prioritaria permanezca atrapada durante meses en procedimientos legislativos sin que exista una fecha clara para su aprobación.
La consecuencia es evidente.
Cada retraso alimenta la percepción de que la reforma policial corre el mismo riesgo que muchas otras reformas dominicanas: convertirse en una promesa permanente.
Y las promesas permanentes suelen terminar produciendo el efecto contrario al que buscan.
Generan escepticismo.
Porque después de cinco años hablando de transformación policial, la pregunta ya no es qué contiene la reforma.
La pregunta es mucho más simple.
¿Va a aprobarse alguna vez?
